La regulación del financiamiento de las campañas electorales y los escándalos relacionados con violaciones a estas normas, son un tema que afecta a todos los sistemas electorales, aún los mas avanzados. No obstante, el significativo progreso regulador existe a nivel mundial, y es necesario lograrlo en Nicaragua, antes que delitos electorales tales como el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral del PLC (Partido Liberal Constitucionalista), que se ventila actualmente en nuestros juzgados, degenere en el futuro en problemas de compras de candidatos por gobiernos extranjeros, o campañas realizadas con fondos provenientes de narcotráfico, eventos que tendrían consecuencias aun mas allá de la ilegitimidad de los electos y la grave erosión de la confianza ciudadana.

Toda Ley hace manifiesta una voluntad y esto es aún mas cierto en el caso de las leyes políticas, como las Leyes Electorales. Nuestro marco regulatorio de financiamiento electoral, si es posible llamar una cosa por su ausencia, no tiene voluntad real de regular o penalizar el uso de ningún tipo de fondos en campañas electorales. Por el contrario, no pone límite alguno a lo que un candidato puede obtener, a lo que una persona o grupo puede donar, no obliga a hacer públicas las contribuciones, ni transparente la rendición de cuentas, y nos hace el único país del mundo que permite contribuciones ilimitadas desde el exterior.

Sólo existen dos fuentes de financiamiento para las campañas electorales: dinero público, también llamado financiamiento estatal; y dinero privado, proveniente de personas o empresas. Casi toda la problemática mundial alrededor del financiamiento de campañas se deriva del uso de fondos privados, ya que éste introduce varias distorsiones que los fondos públicos no: Primero, el dinero privado es más difícil de regular y transparentar, ya que por definición y ley, el Estado sabe cuánto otorga a cada candidato o partido. Segundo, las contribuciones de individuos o empresas, son generalmente una inversión como cualquier otra y surge el peligro de que las autoridades electas tengan que devolver el favor o estén sujetas a esos intereses particulares. La tercera razón es que el financiamiento privado ilimitado por ley o de hecho, hace las elecciones cada vez más costosas y crea un problema de equidad en las condiciones de competencia. Un estudio reciente en países con historiales de elecciones periódicas (un grupo al que Nicaragua empieza o aspira a pertenecer) mostró que la variable más decisiva a la hora de ganar unas elecciones es el poseer una ventaja significativa en los recursos disponibles para las campañas electorales.

Por razones de control, equidad, racionalidad de costos, y limitación de influencias indebidas, los fondos privados deben ser regulados a fondo. Si el país tiene la voluntad política de resolver el problema, existen muchas alternativas.
La solución más operativa, según múltiples pensadores, es prohibir el uso de dinero privado (en efectivo o especie) en las campañas. Si el Estado sabe cuanto y como otorga los fondos, fácilmente puede notar cualquier trasgresión a esta regla pues los gastos legítimos de las campañas modernas, aquellos que se traducen en votos, son evidentes. Como en casos de enriquecimiento ilícito, el Estado transfiere el peso de la prueba de inocencia al acusado a partir de una sospecha fundada de haber gastado más que lo autorizado por el Estado. Otras ventajas son el abaratamiento de las elecciones (que no costarán más de lo que el Estado determine), y la limitación de las influencias económicas en la administración pública. A pesar de su lógica y soporte, esta medida no ha sido aplicada en ningún país a la fecha por sencillas razones: a los políticos les gusta el acceso ilimitado al dinero, a los empresarios les interesa la influencia y muchos grupos de poder, como los medios de comunicación, tienen una enorme bonanza en épocas electorales. El caso es que se conoce la medicina, pero el mundo la encuentra demasiado amarga. ¿Podríamos considerarla aquí?

Pero mucho se está haciendo, sin ilegalizar las contribuciones privadas. Chile y Brasil ponen límites a lo que los candidatos pueden gastar en propaganda electoral en medios de comunicación. Ya que este tipo de gastos ocupa arriba del 70% de los costos de campaña, esta medida detiene la espiral de costos, reduciendo la influencia del dinero privado y promueve la equidad entre partidos. Los EUA está abordando su problema de regulación y control con énfasis en la transparencia, para que el votante sepa quien financia a cada candidato, dificultando el tráfico de influencias, con estrictas reglas de reportar todo ingreso y gastos debidamente. En Europa, se trabaja con cuentas únicas donde deben entrar todas las donaciones, con vigilancia estatal. Casi todo el mundo pone límites a los montos que alguien puede dar o recibir y a los totales que puede recibir una campaña. Donde el financiamiento estatal es proporcional al número de votos que los partidos hayan obtenido en las elecciones, debe existir una pequeña partida igualitaria previa y límites totales máximos de gastos para no reducir la competencia a ganadores predeterminados.

En todos los casos, para funcionar debidamente, el financiamiento público, y privado debe ser transparente y sujeto a verdaderos controles. Para que funcionen los controles se debe establecer penas severas por violaciones y aplicarlas con ecuanimidad.
 

A mediados de 2002 y como producto de la crisis de fines de 2001, el Congreso de la Nación argentino sancionó la Ley 25.600 que regula el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. La corrupción política no es un tema menor si tenemos en cuenta que varios escándalos alrededor del mundo han develado que las donaciones de campaña podrían funcionar o funcionan como paso previo a la obtención de favores de todo tipo por parte de los gobernantes. Favores que van desde la obtención de contrataciones públicas hasta la designación en cargos gubernamentales decisivos.

La ley, estrenada en la pasada elección presidencial, prevé que los partidos informen acerca del origen de sus ingresos, identifiquen a sus donantes e informen sus gastos. Consecuentemente, las donaciones anónimas están prohibidas, las privadas - individuales y corporativas - tienen límites, al igual que el total de gastos permitidos. A pesar de que los partidos y los candidatos acceden a espacios gratuitos de publicidad en los medios de radiodifusión, está permitida su compra siempre y cuando no exceda el tope de gastos permitidos que en la pasada elección fue de aproximadamente 24 millones de pesos.

En su mayoría, los partidos y las alianzas que oficializaron las veintiuna fórmulas presidenciales cumplieron con la presentación de los informes previo y final. Casi todos se refieren al ‘orden nacional’ por lo que queda pendiente aún la auditoría contable de los partidos y las alianzas a nivel provincial. Esta carencia de información no permite aún establecer si el tope de gastos fue superado o no.

Entre las irregularidades detectadas por el Cuerpo de Auditores Contables de la Excma. Cámara Nacional Electoral, aparecen diferencias importantes en las estimaciones de ingresos y gastos presentados en el informe previo y los datos finalmente declarados un mes después de la elección. Mientras la Alianza Frente para la Victoria sobrestimó ingresos y gastos en un 200 %, la Alianza Frente por la Lealtad sobrestimó sus ingresos y sus gastos cuatro veces y media. En el caso de la Alianza Federal para Recrear el Crecimiento, las diferencias entre ingresos estimados ascienden al 69 % y al 15 % en concepto de gastos. Según los informes, “discrepancias de este orden pueden distorsionar la voluntad del elector en tanto tomen en cuenta, para decidir su sufragio, un ‘Informe Previo’ que diferirá significativamente de su rendición final”. También sugieren que “las diferencias entre lo presupuestado y lo real deben justificarse considerando que el plazo que media entre ambos informes es de apenas 10 días”.

El Frente para la Victoria de Néstor Kirchner declaró haber gastado 3 pesos diez días antes de la elección y sus únicos aportantes antes del 27 de abril fueron los dos responsables de campaña, Alberto Fernández y Héctor Capaccioli, con 250 pesos cada uno. Las demás donaciones son posteriores a la fecha del comicio. Los aportes en especie – mayoría de servicios publicitarios – ascienden a 1.476.281 pesos y también son posteriores a la fecha del comicio. El Cuerpo de Auditores detectó que 3.427.289,81 pesos en concepto de gastos no fueron incluidos en el Informe Final.

El Frente por la Lealtad de Carlos Menem declaró exactos ingresos y egresos por 1.129.333,16 pesos de los cuales 921.364,49 pesos se destinaron a la impresión de boletas. Según el Informe del Cuerpo de Auditores, no declaró inversión publicitaria en medios audiovisuales y gráficos. Asimismo, detectó ingresos no declarados en el informe como contrapartida de los gastos relacionados con publicidad por una suma de 11.032.250,13 pesos.

La Alianza Federal para Recrear el Crecimiento de Ricardo López Murphy presentó conjuntamente el informe correspondiente al orden nacional y al distrito federal. Se detectó un déficit de fondos de 955.358,87 pesos sin que la Alianza explicitase la forma de financiación del mismo. Según el informe oficial, algunos aportantes no son pertinentemente identificados. También se detectó una suma de 654.141,69 pesos informados por terceros y no declarados por la Alianza.

Los informes oficiales del Cuerpo de Auditores Contadores han sido girados a la jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, Dra. Servini de Cubría. Es ella quien debe evaluarlos, profundizar los pedidos de información, decidir si corresponden sanciones a los partidos y a las alianzas, y de ser así, aplicarlas. La dinámica sistémica arriba a un punto crucial: evitar la tradicional tentación de discutir reformas legislativas antes de garantizar el cumplimiento de la normativa. También se (re)inaugura la discusión acerca de la necesidad de dotar con mayores y genuinos recursos e infraestructura al órgano de control pertinente para que, en este caso, pueda responsablemente ejercer su función en el delicado punto del plano institucional en el cual política y dinero cruzan sus destinos.
 

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(*) Laura Alonso, coordinadora del Área de Acción con Políticos de la Fundación Poder Ciudadano y docente de la Universidad de Buenos Aires. (laura@poderciudadano.org)