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en los años
cincuenta del siglo XX. Este fue un golpe de corta
duración propiciado para salir de la guerra civil
del medio siglo en que los partidos tradicionales
liberal y conservador se habían trenzado en una
aguda confrontación militar que cubrió, en su fase
más devastadora, unos tres lustros, a raíz del
asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, nefasto
hecho ocurrido el 9 de abril del año de 1948. Con
este asesinato se frustraron, en buena medida, un
conjunto de reformas que buscaban la construcción
de una sociedad más moderna y más democrática, y
que introdujeran transformaciones para la
construcción de un proyecto ligado a la modernidad
tanto en la vida social, política, económica y
cultural del país.
Para intentar salir
de la virtual guerra civil, las elites primero se
pusieron de acuerdo en un golpe militar, que una
vez conjurado el peligro de generalización de la
confrontación armada, sirvió también para un
segundo pacto sui generis, que se denominó Frente
Nacional, por medio del cual los partidos
tradicionales se repartieron el poder del Estado
de manera exclusiva por un término de dieciséis
años pero que fue prolongado y en la práctica tuvo
una vigencia de veintiocho años. Por medio de este
pacto, los partidos liberal y conservador se
abrogaron, en un exabrupto antidemocrático, el
exclusivo derecho de gobernar y de ocupar los
cargos públicos y repartirse el presupuesto. Este
pacto reafirmó las características más
estructurales de nuestro régimen político, que en
términos generales son rasgos comunes al conjunto
de la región latinoamericana en general y a la
región andina en particular.
Estos rasgos estructurales constituyen en parte
los grandes obstáculos al proceso de construcción
de sociedades modernas, democráticas e
incluyentes, pujantes, con modernos sistemas
políticos y con necesidades básicas satisfechas
para la mayoría de su población. El problema viene
de muy atrás, viene desde la colonia en la cual se
instauraron sistemas políticos y estructuras
estatales nacidas en otras latitudes, las cuales
apenas muy lentamente, se fueron adaptando a la
realidad de nuestros países en que la mayoría de
la población es mestiza, y la cual, durante más de
un siglo, hasta mediados del siglo XX seguía
siendo predominantemente rural. Esas estructuras
estatales en estricto sentido existieron antes que
las naciones, antes que los mercados, antes que
las mentalidades de esos pobladores mestizos se
conectaran con las nociones de libertad, igualdad
y solidaridad nacidas de la revolución
norteamericana y francesa. Muy pocos en las elites
criollas y menos en los sectores sociales
subordinados de la sociedad, conocían el
significado de esos conceptos y mucho menos sus
prácticas. En Colombia la esclavitud de la
población negra se mantuvo hasta mediados del
siglo XIX. Pero además nuestras revoluciones de
independencia se detuvieron apenas en la
separación de España o Portugal y no trascendieron
a la realización de una reforma social y
económica.
Así, desde el comienzo de su existencia, en estas
nuevas formas de organización política encarnaron,
en su propia estructura, rasgos que permanecen
como realidades anacrónicas, las cuales hay que
remover para avanzar en el proceso de desarrollo
de nuestros países. Las elites empotradas en esas
instituciones políticas lo han utilizado para su
beneficio tanto en Colombia como en Brasil,
Argentina, Ecuador o Venezuela. Diversos estudios
realizados globalmente sobre la región
latinoamericana y del Caribe insisten en que el
problema de la gobernabilidad democrática en la
región esta fundado en la contradicción paradójica
que se establece al tratar de mantener un orden
jurídico y político basado en la igualdad básica
entre los ciudadanos y, al mismo tiempo, preservar
el mayor nivel mundial de desigualdad en el acceso
a la distribución de la riqueza y de los bienes
públicos (Fleury, Sonia.1999; Castañeda, Jorge.
1999). Los propios organismos multilaterales de
crédito como el Banco Mundial, lo han señalado. En
efecto, según el informe “La Hora de la Reforma”
del Banco Mundial publicado en 1998 en la región
latinoamericana se presenta el mayor nivel de
concentración de la riqueza. Después de Grecia
(68%) los tres niveles de mayor concentración de
la propiedad se encuentran en la región de América
Latina: Colombia (68%), México (67%) y Brasil
(63%).
Esta crisis de gobernabilidad es en realidad el
reflejo de una crisis estructural que se ha visto
potenciada y ampliada por el proceso y el tipo de
globalización de la economía mundial. En la base
de dicha crisis se destacan tres grandes problemas
que no han podido ser superados en la región. La
persistencia del patrimonialismo, el autoritarismo
y la exclusión social como los rasgos principales
de la relación entre el Estado y la sociedad en
América Latina. Estas características se han
mantenido a lo largo de periodos en que se han
elegido democráticamente a los gobernantes, a lo
largo de períodos en que los gobiernos los han
ejercido dictaduras o dictablandas o en que los
gobiernos han sido ejercidos por proyectos
populistas; también en fases de un importante
crecimiento económico o en períodos de recesión
como los que se viven actualmente.
Si se entiende el patrimonialismo como el uso
privado de la cosa pública, este rasgo, pone de
presente que no existe una separación entre el
patrimonio público y privado, que es una de las
condiciones esenciales de la conformación del
Estado moderno y constituye un prerrequisito para
la formación de una esfera pública democrática.
Las manifestaciones de este rasgo en la
institucionalidad latinoamericana se reflejan en
corrupción, uso del erario público para satisfacer
redes clientelares del poder, subsidios desde el
erario público a los principales grupos
económicos, caudillismos y en general formas no
públicas sino privadas del ejercicio del poder
político.
El resultado es que no hemos podido construir una
esfera pública diferenciada de los intereses
privados, lo que ha conllevado agudos problemas de
legitimidad y descrédito de las instituciones
estatales. En la región y en Colombia en
particular, el poder público se encuentra
profundamente vinculado y al servicio de los
grandes conglomerados económicos y financieros,
que a su vez, se encuentran estrechamente
entrelazados con los circuitos del poder de las
multinacionales y del sector financiero
internacional. Esto ha impedido el desarrollo no
solo de un sector importante de la economía social
sino del propio mercado, puesto que a menudo la
competencia es sustituida por la proximidad o
acceso diferenciado al Estado para la obtención de
privilegios y resultados.
En la región no hemos construido un orden
democrático estable. Persisten diversas formas de
autoritarismo y exclusión política. El
autoritarismo se ha manifestado en América Latina
y el Caribe durante largos períodos mediante la
exclusión de la ciudadanía en la decisión para la
conformación de los poderes públicos. Un orden
democrático supone no solo el respeto de los
derechos humanos sino la existencia de libertades
públicas, elecciones periódicas basadas en reglas
preexistentes, alternativas del poder en disputa,
garantías a la oposición así como la existencia de
medios de comunicación independientes.
Recientemente con la fragilidad de las reglas del
juego y con la inexistencia o en todo caso con la
limitación de la separación real de poderes, se
han transformado los acuerdos y leyes electorales
para permitir la reelección por más de un período
a varios presidentes en ejercicio y se han
acentuado los poderes del presidencialismo
asfixiante que se vive en la región. Todo ello se
manifiesta con un marcado predominio del poder
ejecutivo en desmedro de las demás ramas del poder
público. Los sistemas de rendición de cuentas a la
sociedad son muy débiles.
El problema de la exclusión social es clave para
tratar de explicarnos la debilidad de los poderes
públicos. Este fenómeno se manifiesta
principalmente como exclusión de una parte
significativa de la población del disfrute de los
bienes y servicios producidos socialmente que se
manifiesta como pobreza extrema. Una población que
sobrepasa los 200 millones de personas se
encuentra, según los recientes datos de la CEPAL,
en condición de pobreza. Pero la exclusión social
se manifiesta no solo con relación a los bienes y
servicios, sino que hay una exclusión social con
respecto a las mujeres (excluidas de los más altos
niveles de la administración pública, de los
lugares principales en las listas electorales, no
opera el principio de salario igual para
actividades similares, etc.) sino también de la
población afrodescendiente que no solo no ocupa
cargos importantes en el sector público sino que
sufre múltiples formas de discriminación racial.
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