|
El derrumbe parcial del Estado en Colombia
La institucionalidad Colombiana surgida de los
pactos del Frente Nacional junto con los intentos
tímidamente reformistas al culminar el mismo,
muestran profundas debilidades y limitaciones. Los
sectores campesinos levantados en armas durante el
período de la violencia (1948-1965) no fueron
incorporados al sistema puesto que no se produjo
una reforma social agraria que fue su principal
reivindicación. La apertura política para dar paso
a una sociedad pluralista con verdadera
competencia por el poder ha marchado muy
lentamente. El recurso a la violencia, al
asesinato político que queda en la impunidad,
siempre ha sido empleado por las elites para
mantener su predominio político y su dominación
económica. Todo ello dio origen a un proceso lento
de fortalecimiento de las guerrillas
revolucionarias que surgieron a finales de la
década de los años cincuenta y que desde entonces
no han dejado de crecer.
El monopolio en el uso de las armas por parte del
Estado con base en la sujeción de las mismas al
poder civil siempre ha tenido en Colombia
excepciones notables en áreas importantes de su
territorio. Las guerrillas se hicieron fuertes
durante los últimos cuarenta años en amplias zonas
de colonización campesina como consecuencia de la
débil presencia del Estado en materia económica,
social, judicial y política. Durante largos años
éstas guerrillas fueron un foco de perturbación,
pero, fungieron como poder para mantener una
convivencia bajo vigilancia armada en vastos
territorios del país. Un sociólogo colombiano
William Ramírez Tobón, llegó a hablar de
“colonización armada” para dar cuenta de la
fundación de pueblos y a la aplicación de normas
consuetudinarias que normaban la vida de los
ciudadanos en extensas regiones del país.
Sin embargo, estas guerrillas, siguen siendo
predominantemente rurales y su capacidad de
perturbación o de actuación urbana es sumamente
limitada. En los últimos años el aislamiento
político de las guerrillas en las clases medias y
en las capas populares urbanas, es evidente y ello
explica que la modalidad de su actuación en los
centros urbanos, sea el de acciones terroristas.
No obstante en los últimos años, desde mediados de
los años ochenta del siglo pasado, éstas
guerrillas se fortalecieron militarmente por los
recursos provenientes de los impuestos que cobran
a los cultivadores de coca y amapola y más
recientemente el impuesto a laboratorios
procesadores del clorhidrato de cocaína y heroína.
Estos nuevos recursos aunados a la ausencia del
Estado han fortalecido la capacidad militar en
armamento, en radio de acción y de control sobre
dichos territorios.
En los últimos veinte años y ante los avances en
el control territorial por parte de las guerrillas
y también como reacción al cobro de “vacunas” o
impuestos, secuestros y abusos de las guerrillas,
sectores terratenientes tradicionales aunados con
los narcotraficantes convertidos también en nuevos
terratenientes, se dieron a la tarea de organizar
grupos de defensa privados que fueron tolerados
cuando no abiertamente apoyados por autoridades
militares y de policía. Nacieron así los llamados
grupos paramilitares que comenzaron una labor de
“limpieza social” asesinando campesinos,
indígenas, dirigentes sociales, activistas de
derechos humanos, y en general, ciudadanos
desarmados de quienes los grupos paramilitares
sospechan que tienen nexos o favorecen las
acciones de las guerrillas. Estos grupos son hoy
los responsables del 75% de los asesinatos
políticos y actúan en el marco de una amplia
impunidad. Su crecimiento no solo se debe al
respaldo de los terratenientes sino también al
financiamiento que proviene del narcotráfico que
es hoy su principal fuente de ingresos y al
respaldo, denunciado en no pocas ocasiones por
organizaciones nacionales e internacionales de
derechos humanos, de sectores de las fuerzas
militares.
En amplias zonas del territorio las instituciones
del Estado han colapsado o tienen poderes muy
limitados. Las guerrillas y los paramilitares
controlan territorialmente a los actores sociales
y a las autoridades políticas. Los alcaldes y los
concejos municipales se ven precisados a gobernar
según los designios de los actores armados.
Algunos de esos territorios no son marginales
económicamente puesto que en ellos además de la
coca y la amapola también se encuentran los
yacimientos de petróleo o por allí pasan las redes
de los oleoductos de los cuales sustraen gasolina
que venden ilegalmente y con la cual financian
parte de sus actividades. Las compañías nacionales
o internacionales se ven frecuentemente
extorsionadas por los actores del conflicto y son
obligadas a pagar impuestos. En éstos territorios
el Estado se ha derrumbado parcialmente puesto que
allí no existe el monopolio en el uso de las armas
y tampoco existe el monopolio para cobrar rentas o
impuestos. Estos dos pilares de un Estado de
Derecho se encuentran profundamente debilitados.
Fragmentación y crisis de representación
La sociedad política, formada por las
instituciones y los partidos y movimientos
políticos, no ha respondido adecuadamente a esta
coyuntura. La Constitución de 1991 intentó
refundar el Estado sobre una base moderna. Amplio
el campo de los derechos ciudadanos, profundizó la
descentralización y la democratización al
ratificar y extender a los departamentos la
reforma descentralista aprobada en el año de 1986.
Estipuló la elección popular de los Alcaldes y los
gobernadores, aumentó los recursos para los
municipios y reconoció derechos y libertades,
reformó la justicia, intentó una reforma política
mediante la revocatoria del Congreso elegido en
1990, convocando nuevas elecciones en octubre de
1991.
La reforma Constitucional mantuvo el régimen
bicameral: la Cámara de Representantes elegida en
los departamentos y el Senado de la República
elegido mediante una circunscripción nacional. Así
mismo, creó una circunscripción nacional especial,
en el Senado, con dos curules para los indígenas y
una circunscripción especial en la Cámara para
residentes en el exterior, minorías y comunidades
negras. La reforma aprobó un régimen de
inhabilidades e incompatibilidades fuerte, todo
ello con el propósito de lograr una sociedad
política más pluralista, más democrática y menos
clientelista.
La reforma aumentó los poderes en manos del
Congreso de la República, organismo que fue dotado
de la capacidad para aprobar mociones de censura a
los ministros, ejercer control político,
ratificando sus poderes para la aprobación del
presupuesto de la Nación y limitando los poderes
del Ejecutivo en los llamados estados de
excepción. No obstante, el Congreso de la
República ha mantenido su dependencia del
Ejecutivo, nunca ha hecho uso de la Moción de
Censura y ha negociado su independencia a manos
del ejecutivo a cambio de prebendas y auxilios
parlamentarios.
Una de las transformaciones más significativas de
esta reforma constitucional fue la creación de la
Corte Constitucional como mecanismo de control
constitucional y como Tribunal de Derechos
Humanos. Durante su existencia, un poco más de
doce años, ésta Corte ha mantenido una
interpretación progresista de la Carta y ha
protegido mediante sus decisiones, los derechos y
libertades de los colombianos mediante sus fallos
de Tutela y sus sentencias de control a las leyes
y a los actos administrativos. Este fue uno de los
mayores aciertos de la Carta Política.
El resultado del conjunto de las reformas en
materia política es contradictorio. Por una parte
se ha avanzado en la pluralización de la sociedad
política sobre todo en el ámbito de los gobiernos
municipales y departamentales, toda vez que
sectores nuevos e independientes, han llegado a
alcaldías y gobernaciones, sin afectar de manera
significativa la representación en el Congreso de
la República que sigue estando principalmente en
manos de los sectores tradicionales muy ligados al
poder terrateniente y dóciles frente al ejecutivo
presidencialista y a los grandes conglomerados
económicos y financieros. Pero al mismo tiempo
profundizó la fragmentación política provocando
una profunda crisis de representación al
flexibilizar al extremo la posibilidad para formar
partidos políticos sin mayores requisitos.
La crisis de la política lejos de detenerse se ha
profundizado con el derrumbe parcial del Estado.
Varios factores han influido de manera
determinante para que se profundice la crisis de
representación y de legitimidad política y para
que el Nuevo Orden Constitucional nacido en 1991
no haya podido desplegar su potencial de cambio y
transformación de la realidad política.
El primer factor, lo constituyó la incapacidad
para vincular al proceso constituyente a las
guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, FARC y al Ejército de Liberación
Nacional, ELN. Al proceso constituyente se vinculó
un importante sector de las guerrillas que habían
firmado acuerdos de Paz y que se agruparon en la
Alianza Democrática, M19. En este agrupamiento
confluyeron las guerrillas del Movimiento 19 de
abril, M19; El Ejército Popular de Liberación, EPL;
y el Partido Revolucionario de los Trabajadores,
PRT, que junto a un importante sector de la
intelectualidad democrática conformó este nuevo
agrupamiento político que obtuvo un significativo
e importante 27% del total de la votación a la
Constituyente. La guerrilla indígena legalizada
apoyó listas de sus comunidades las cuales
obtuvieron dos escaños en la Asamblea
Constituyente. No obstante, ni las FARC ni el ELN
concurrieron a la Constituyente. El mismo día de
su elección, el 9 de diciembre de 1990, el
Ejército Colombiano con la asesoría norteamericana
atacó el cuartel de las guerrillas en que se
encontraba el Secretariado de las FARC. Desde
entonces las FARC y el ELN se han mantenido por
fuera del ordenamiento constitucional de 1991.
Un segundo factor de descrédito e ilegitimidad de
los partidos políticos deriva de las íntimas y
profundas relaciones que tradicionalmente, en las
tres últimas décadas, ha mantenido un amplio
sector de la clase política tradicional con el
narcotráfico y con el paramilitarismo. Este factor
hizo metástasis con el financiamiento de la
campaña electoral que llevó a la Presidencia de la
República al liberal Ernesto Samper Pizano,
elegido en el año de 1994. Pese al proceso que
termino con una docena de parlamentarios presos y
despojados de sus investiduras por nexos
comprobados con el narcotráfico, la corrupción se
mantiene y la opinión pública no siente confianza
porque además siguen los vínculos de esa clase
política tanto con sectores del narcotráfico como
con los grandes conglomerados económicos y
financieros que se les conoce en Colombia como los
“cacaos” quienes además son dueños del 82% del
total de los medios de comunicación. Más
recientemente, quizás en los últimos diez años, la
representación política ha sido influida de manera
significativa por los actores armados ilegales,
pero, principalmente por los grupos paramilitares.
En efecto, en las elecciones para autoridades
locales y regionales del 26 de octubre de 2003
hubo candidatos únicos en departamentos como
Magdalena o Cesar en que se impuso esta modalidad
por parte de los grupos paramilitares y así
sucedió en cientos de municipios del país. Los
grandes medios de comunicación hicieron eco a las
afirmaciones de Carlos Castaño y Salvatore
Mancusso que señalaron que en las elecciones
parlamentarias del año 2002 sus protegidos y
candidatos habían obtenido el 35% del Congreso de
la República.
Ninguna investigación judicial se ha iniciado por
estas afirmaciones ni por las denuncias sobre la
coacción de grupos armados ilegales, guerrillas y
paramilitares, sobre los electores y/o sobre las
autoridades locales o regionales. Una de las
peores consecuencias de la extensión del conflicto
armado ha consistido en el deterioro y crisis de
las instituciones estatales en los niveles
territoriales: pérdida real de los derechos
políticos de los ciudadanos por coacción armada;
saqueo de los recursos públicos municipales por
parte de los actores armados, guerrillas y
paramilitares, con lo cual se deconstruye uno de
los principios básicos de la democracia que es el
carácter “intocable”, “sagrado” de los recursos
públicos; deterioro de las libertades civiles de
residencia y movilización , que se expresa como
desplazamiento masivo. Esta violación a la carta
de los derechos humanos ha afectado en los últimos
quince años a más de 2.7 millones de colombianos y
colombianas, un 65% de los desplazados son mujeres
y menores de edad.
Pero además este descrédito esta relacionado con
actos de corrupción con dineros del erario público
y con el favorecimiento, a través de las leyes, de
los grandes conglomerados económicos y financieros
y con la nula reivindicación de las necesarias
reformas en el terreno económico y social a favor
de los sectores populares y de las capas medias.
Precisamente un tercer factor que limitó la
reforma política de 1991 es que la Constituyente
de dicho año no realizó una importante reforma en
el terreno económico y social. La Constituyente
dejó incólume el régimen de propiedad y de
concentración del ingreso y de la renta. En el
nuevo orden constitucional se ha favorecido la
concentración del ingreso en pocas manos y se ha
profundizado la exclusión y la pobreza. Según
datos recientes de la CEPAL, 26 millones de
Colombianos están bajo la línea de pobreza y 13
millones están rondando la miseria. En este
sentido las necesarias reformas económicas y
sociales siguen esperando nuevos escenarios y
nuevas fuerzas políticas. En parte, los argumentos
esgrimidos por las guerrillas contra el orden
constitucional están relacionados con esta
realidad.
La Constituyente tampoco fue a fondo con la
reforma a las Fuerzas Militares y de Policía.
Instituciones como el fuero militar no fueron
delimitadas y pese a las interpretaciones
progresistas de la Corte Constitucional, buena
parte de la impunidad en que se mantienen las
violaciones a los derechos humanos por parte de
los militares, tiene su sustento en este vacío
constitucional. En una escalada del conflicto,
como la que se presenta en Colombia, el poder de
las Fuerza Armadas se incrementa y los nexos
comprobados muchas veces y denunciados otras
tantas entre éstas fuerzas del Estado y los
paramilitares, los cubre el denso manto de la
impunidad. |
Sigue
