La Crisis de los Actores Políticos

Pero al mismo tiempo la crisis de los partidos y movimientos políticos se profundiza y amenaza seriamente con lo que queda de la estabilidad institucional en su conjunto. Hay entre los estudiosos de dicha crisis un amplio consenso sobre los principales factores que la conforman. Esta crisis la podemos relacionar con (1) la ausencia de programas y de debates programáticos frente a los principales problemas del país, lo cual ha dado como resultado una indiferenciación ideológica y un vacío en la formulación de propuestas políticas serias en relación con temas como el empleo, el manejo de la política macroeconómica, presa de una Junta Directiva del Banco de la República que mantiene políticas ortodoxas monetaristas y neoliberales insensibles a los problemas de la exclusión y de la pobreza. Ha habido, como en otros países de América Latina, cambios en los partidos de gobierno, pero no ha habido cambios en el modelo de desarrollo inspirado en los dogmas del pensamiento único neoliberal; (2) las políticas macroeconómicas quieren garantizar a toda costa el pago de la deuda interna y externa no importa si su aplicación generaliza la pobreza y estrangula sectores productivos; (3) se ha profundizado la fragmentación política en la cual cada parlamentario es dueño de su propia microempresa electoral. Existen hoy en Colombia 65 Partidos con Personería Jurídica. Los partidos naufragan en medio de la lucha más férrea de los intereses particulares de los parlamentarios, de paso se acabó con la disciplina de partido y es frecuente que un parlamentario elegido con unas tesis a los pocos meses termine defendiendo las políticas que prometió combatir a cambio de prebendas clientelistas; (4) los partidos carecen de estructuras democráticas y son un apéndice de las fracciones parlamentarias en las cuales priman los intereses de corto plazo. No hay derechos de los militantes para decidir sobre políticas y programas, mucho menos sobre los candidatos a las elecciones para ocupar cargos públicos.

A los males anteriores hay que agregar la corrupción y el clientelismo. La política se ha convertido en un negocio. Los candidatos comprometen su ejercicio parlamentario a cambio del financiamiento de sus campañas electorales. Todo ello es estimulado por la ausencia de una legislación sobre el financiamiento de las campañas, las listas únicas, el umbral, y en general de una reforma política que democratice la vida interna de los partidos y que contribuya al rescate de la política para que ella sirva a la construcción de una sociedad menos excluyente y más equitativa. De todos los problemas del país, el rescate de la política para que aboque las grandes transformaciones sociales y económicas, es primordial.

Una salida a medias

En medio de esta crisis la clase política vacila entre el efectismo y las salidas más estructurales a la crisis, Hasta ahora ha podido más el efectismo.

En contra del Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, el Congreso de la República en un inusual acto de soberanía aprobó una reforma política mediante la promulgación de un Acto Legislativo que tiene como propósito fundamental el fortalecimiento de los partidos en contra de la fragmentación y de las microempresas electorales. El proyecto de origen parlamentario encontró bastantes trabas y oposiciones del gobierno, que calificó la decisión del Congreso como un palo en la rueda del Referendo que en ese momento impulsaba el presidente Uribe, preso de una encuestas amañadas y amarradas por sus socios, que le han dado desde el día de su posesión un margen de aceptación y apoyo del electorado superior al 60% de los colombianos, pero que como lo mostró el Referendo, es un respaldo mediático lejos de la realidad de los colombianos.

La reforma política dejó por fuera temas cruciales de los que hemos mencionados atrás, pero algunos de sus contenidos marchan en la dirección, en nuestro juicio adecuada, de fortalecimiento de los partidos. El Acto Legislativo aprobó las listas únicas opcionales entre la lista cerrada o la lista abierta con voto preferente, es decir, un partido político puede presentar una lista en que el ciudadano elector vota en el orden que establece el partido sin derecho a modificar el orden, o vota por una lista y al mismo tiempo marca el candidato dentro de la lista que él o ella considera que deber ser el o la elegida. Esto último es lo que se llama lista abierta con voto preferente.

Así mismo, la reforma estableció que un Partido solo puede avalar a un candidato cuando la elección es uninominal, o sea, que solo puede presentar un candidato a la alcaldía de un municipio o a la gobernación de un departamento. Además estableció que sólo pueden elegir concejales o diputados aquellas listas que tengan la mitad del cuociente electoral que resulta de dividir el total de votos válidos por el número de curules que se vayan a elegir. Entre las listas que obtengan el medio cuociente se debe aplicar, para el reparto de las curules, la cifra repartidora, esto es, que todos los diputados o concejales deben entrar con el mismo número de votos. Este fue el sistema electoral empleado para las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales en las elecciones del 26 de octubre de 2003. La reforma también aprobó la puesta en marcha, a partir de las elecciones del año 2006, de un umbral del 2% del total de los votos válidos. Esto quiere decir que solo se tendrá en cuanta, para el reparto de las curules, a aquellos partidos o movimientos políticos que tengan una votación superior al 2% del total de los votos válidos depositados en esas elecciones. Los partidos que no tengan esa votación no dispondrán de personería jurídica.

La reforma dejó por fuera asuntos fundamentales de una verdadera reforma política democrática, que es primordial, para avanzar en la construcción de una sociedad más incluyente y una sociedad política más democrática. El financiamiento público de las campañas, es un asunto crucial para el logro de una independencia política de los movimientos y los partidos políticos. A través del financiamiento privado de la política las élites controlan fácilmente la actuación y la agenda política de los parlamentos. Falta también en la reforma un estatuto que otorgue derechos a los militantes tanto en las decisiones internas sobre dirección, programas, organización, como también, derechos para la confección de las listas y la definición de las candidaturas a los cargos de elección popular. Es, pues, una reforma a medias que contribuirá a resolver la fragmentación, pero, que no resolverá el problema de la independencia de la clase política de los grandes poderes económicos ni tampoco el problema de la democratización y modernización de los partidos políticos.

La ausencia de partidos políticos y la fragmentación de la sociedad política han provocado una aguda crisis de representación en dónde nadie se siente representado en nadie y que en el plano de la gobernabilidad, se traduce en el aplazamiento y la falta de decisiones en torno a problemas claves y estratégicos para el país. Entre dichos problemas se encuentra la crisis del sector agrario hundido en la más profunda recesión durante los últimos diez años, la falta de una política para confrontar el fenómeno del paramilitarismo, la ausencia de acuerdos básicos, de Estado, para negociar con las guerrillas, los ajustes y cambios profundos que requiere el modelo de globalización especulativo, la atención adecuada a los cientos de miles de desplazados como consecuencia de la agudización del conflicto armado y una estrategia andina para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. Esto son apenas algunos de los principales problemas de la Agenda urgente para no hablar de las políticas más duras de generación de empleo e ingresos para los 26 millones de pobres que nos han dejado tanto los neoliberales como los partidos tradicionales o la renegociación de la deuda interna y externa para afrontar el déficit fiscal.

La reforma política que requiere el país debe llevar a la refundación de las colectividades políticas mediante el recurso a los militantes, a las bases, a la sociedad para refundar la propia representación y delegación de los ciudadanos en sus representantes. Para ello se requieren ciertamente leyes, pero, antes que nada se requiere recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y su confianza en los proyectos y en los sueños de un país con equidad y en paz.


El proyecto de Uribe: retorno al pasado

Sobre el fracaso de las negociaciones emprendidas en 1998 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el gobierno del Conservador Andrés Pastrana Arango, se levantó el proyecto de Alvaro Uribe Vélez quien contrario a una paz negociada levantó las banderas de la derrota y aniquilamiento militar de las guerrillas. Este proyecto pretende una rendición incondicional y una entrega de las armas por parte de los grupos guerrilleros y apuesta, con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, por un sometimiento armado de los guerreros que se reclaman izquierdistas.

Este proyecto está en marcha con el aumento del pie de fuerza, con la multiplicación de los recursos económicos y con el cada vez mayor protagonismo e injerencia de los Estados Unidos que ha incrementado los recursos económicos destinados a fortalecer la estrategia de guerra en Colombia con el argumento del combate al terrorismo y al narcotráfico. Uribe levantó una propuesta contrainsurgente bajo la denominación de política de “seguridad democrática” que implica como eje de su proyecto el recorte de las libertades civiles y políticas, el desmonte de la incipiente división de poderes, el sometimiento de las fuerzas paramilitares mediante un proyecto que les garantice una amplia impunidad y su conversión en fuerza política de derecha y en el plano económico la profundización del modelo de apertura neoliberal sin una significativa y real política social. Por el contrario, en el centro de su proyecto se busca el recorte de garantías mínimas conquistadas por los trabajadores, algunas ya han sido aprobadas, tales como recortes al pago de horas extras, festivos, extensión de la jornada para favorecer a los patrones con el pago de menores salarios, etc. y se encuentran dentro de la agenda temas tales como la reforma pensional y el debilitamiento de las entidades públicas de salud y pensiones para favorecer los fondos y las empresas privadas prestadoras de servicios de salud.

En el plano político el proyecto del Presidente Álvaro Uribe, es antidemocrático y compromete seriamente no solo el desarrollo y consolidación del Estado Social y Democrático de derecho contemplado en la Constitución de 1991, sino que compromete el desmonte de la misma carta política en contenidos fundamentales. Esta afirmación no es retórica, de hecho, con la aprobación por el Congreso de una reforma constitucional llamada “antiterrorista” comenzó a fondo el desmonte de la Constitución de 1991 y con este desmonte el ataque frontal a los derechos y a las libertades para volver al viejo orden, en que los ciudadanos quedan sin derechos frente a las instituciones estatales. Esta reforma confiere facultades de Policía Judicial a las Fuerzas Armadas, autoriza los allanamientos, las detenciones y la interceptación de las comunicaciones sin orden judicial previa y permite que el gobierno obligue a los ciudadanos a informar sobre su sitio de residencia. Esta reforma está siendo reglamentada actualmente por el Congreso de la República y se espera que entre en vigencia a mediados del presente año. La Corte Constitucional tiene que resolver una demanda que ha sido presentada por decenas de organizaciones sociales tanto por vicios de trámite como también por la violación de tratados internacionales en materia de derechos y libertades que obligan a Colombia como el tratado intermericano de los derechos humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica. El argumento sólido de los demandantes es que de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política estos tratados prevalecen en el orden interno sobre la reforma aprobada. Esta decisión tendrá que tomarla la Corte Constitucional con toda seguridad antes del mes de julio del presente año.

Un segundo ataque a fondo, promovido por Uribe, no ha prosperado hasta ahora y se refiere al desmonte de la división de poderes y sobre todo a la autonomía de la rama judicial reivindicada y practicada durante los últimos doce años por la Corte Constitucional. En esencia, el proyecto de reforma, presentado por el gobierno, quiere limitar los poderes de la Corte Constitucional en los siguientes aspectos (1) eliminar los controles constitucionales a los decretos de estados de excepción, (2) limitación de las tutelas contra sentencias judiciales, (3) eliminación de las tutelas que reclaman derechos económicos, sociales y culturales. Para arrasar con la Corte Constitucional se buscaría además cambiar su forma de elección y requisitos como edad, experiencia, etc.

Un tercer ataque frontal al orden constitucional democrático lo constituye el incremento del poder presidencialista y en general, bajo la vieja formula de la Constitución de 1886, el fortalecimiento del poder ejecutivo en desmedro de las restantes ramas del poder público. La propuesta de reelección inmediata y la negociación abierta y descarada de cargos para los partidos que la apoyen es parte de ese proyecto; la propuesta de creación de un tribunal de justicia para resolver los problemas judiciales de los grupos paramilitares, tribunal que dependerá de manera directa del Presidente de la República, es otro de los proyectos que está en marcha; la propuesta de eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su reemplazo por una junta directiva con directa participación del ejecutivo es otra muestra de lo que venimos señalando. La mayor parte de las propuestas de reforma constitucional buscan el fortalecimiento del poder presidencial, a la usanza, del viejo orden oligárquico contenido en la vieja constitución de 1886 de la cual Uribe ha resultado ser un profundo admirador.

Al mismo tiempo que promueve todo ese paquete contrarreformista el gobierno de Uribe se mueve diligentemente en el desmonte del aparato paramilitar sin esclarecimiento de los horrendos crímenes de los que son responsables, sin claros mecanismos de reparación de las víctimas, las cuales, dicho sea de paso, han sido totalmente desconocidas e invisibilizadas en las propuestas del gobierno. Esa negociación con los paramilitares es una necesidad que el país reclama. Incluso al final del proceso seguramente tendrá que negociarse las penas y la manera como deben pagarlas, pero, todo ello deberá hacerse preservando el principio de verdad, justicia y reparación para la reconciliación. En verdad el debate y la política pública frente al paramilitarismo debe resolver el problema de los delitos de lesa humanidad, de genocidio y los crímenes de guerra, política que no puede violar el derecho internacional de los derechos humanos que hoy, por fortuna, tiene como mecanismo para su defensa al Tribunal Penal Internacional. Pero dicha política tiene que resolver también el problema de los delitos conexos y principalmente las relaciones del paramilitarismo con el narcotráfico. En la reciente reunificación de las Autodenfas Unidas de Colombia volvieron a ingresar los principales varones paramilitares que tienen una amplia participación en actividades relacionadas con el narcotráfico. Relacionado con el punto anterior la política pública deberá ocuparse de resolver el problema de la extradición en un gobierno que ha extraditado más colombianos que cualquiera otro en la historia reciente de Colombia.

Un asunto mucho más espinoso es el que tiene que ver con los nexos del paramilitarismo con las Fuerzas Armadas y de Policía y con su apoyo económico en redes de terratenientes y empresarios. Si Uribe quería un proceso privado era justamente por que una política pública frente al paramilitarismo tiene que ver con estos asuntos como también con el destino de los bienes adquiridos mediante la violencia y el narcotráfico.

Así, pues, el proyecto de Uribe es contrario al Estado Social y Democrático de Derecho y trabaja denodadamente por su desmonte. Si lo logra los colombianos habremos regresado a la premodernidad política y a la ausencia de carta de derechos y libertades. Este es el tamaño de la contrarreforma.

Bogotá, Abril de 2004.