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OPINIÓN

 



 

LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA TRANSICIÓN

Manuel Canto Chac
Profesor – investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana
– Xochimilco - México

 

Los observadores estarán sometidos a estrictas normas establecidas por el CNE
(Foto de Archivo de
El Universal)


Introducción

Una vez alcanzada la tan ansiada etapa de la alternancia política, que probablemente desatará una serie de cambios, urge que los actores que la impulsaron, entre ellos las organizaciones civiles (OC’S en adelante), analicen cuáles son las perspectivas, tanto del proceso de democratización, como del papel que deban o puedan jugar en la nueva situación política del país, ¿qué posibilidades y qué limitaciones tendrían las OC’S,

cuáles son sus estrategias posibles?, estas son algunas de las preguntas sobre las que se pretende reflexionar en este trabajo.

Parece que los analistas de los procesos de transición política están de acuerdo en que en la etapa de cuestionamiento y ruptura del ancien régime, las diversas organizaciones que pueden identificarse con el concepto de sociedad civil juegan un papel crucial, pero una vez llegada la etapa del rediseño del régimen su presencia tiende a ser eclipsada por los actores especializados de la política. No en balde hace algunos años A. Arato –uno de los principales impulsores del concepto de sociedad civil- se quejaba del olvido que este término –y el relegamiento de los actores sociales por él identificados- han tenido en los países de Europa del este, una vez terminados los procesos de superación de los autoritarismos:

“se produce un desplazamiento de la acción hacia las élites políticas, las contraelites o los partidos políticos. Sólo ellos están capacitados para llevar a cabo las estratégicas misiones de negociación y diseño de pactos con los antiguos detentadores del poder”, añade más adelante en referencia a los planteamientos políticos en los países esteuropeos “Todos estos discursos tienen en común que desplazan el discurso y política de la sociedad civil... incluso en los intelectuales con planteamientos socioliberales la utilización de la categoría sociedad civil es esporádica y determinada por consideraciones tácticas.” (Arato)

Frente a lo anterior cobra sentido preguntarse por el papel que en el futuro próximo puedan tener las OC’S en la nueva situación política del país y esta interrogante requiere a la vez de otra: ¿ha concluido ya la transición en México?. Me referiré primero a esta segunda para sobre esa base intentar responder a la interrogante fundamental sobre el futuro de las OC’s.

Antes de continuar una aclaración. Comparto la idea de que el concepto de sociedad civil es de mayor complejidad que la sola denominación de un conjunto de formas de agregación social y de sus conductas políticas, como este no es el espacio para discutirlo, pero tampoco para confundirlo prefiero utilizar el término de organizaciones civiles (OC’S). Teniendo a la vez en cuenta que el contemporáneo concepto de Sociedad Civil incorpora tanto movimientos como organizaciones haré referencia básica a las segundas, las que defino de la siguiente manera:
La organización libre, en este sentido voluntaria, de ciudadanos, que a partir de la identificación sobre campos específicos de la vida social realizan acciones tendentes al bienestar colectivo, para lo cual pretenden influir en las decisiones públicas y en su normatividad. Son agrupamientos estables, organizados, con una estructura de relaciones, con reglas de funcionamiento, con objetivos relativamente estables, que tienden a profesionalizar las acciones que realizan y que, en la mayoría de los casos, cuentan con personalidad jurídica.

1.- En dónde está la transición?
Ahora y probablemente en los próximos años, se seguirá discutiendo sobre si ya ha concluido la transición a la democracia en México, frente a esta interrogante hay diversos tipos de respuesta, algunas de ellas son:
a) Que la transición a la democracia ya concluyó. Quienes sostienen este punto de vista parten en lo conceptual de que lo básico de la democracia es la realización de elecciones periódicas, con respeto al voto y alternancia entre los partidos políticos; en lo estratégico esta posición parte de considerar como objetivo principal “la derrota del partido de Estado”. Consideran que ambas cosas se habrían alcanzado el 2 de julio del 2000 y que por tanto habría culminado la transición a la democracia en México.
b) Que la transición, tal y como fue definida, ya se alcanzó y lo que queda pendiente es la implantación de los comportamientos democráticos en los diversos ámbitos del gobierno y de la sociedad; es por ello que la tarea futura de las fuerzas democratizadores sería actuar básicamente al nivel de la cultura política.
c) Que la transición a la democracia no ha concluido, sino avanzado en una de sus etapas, que ha ocurrido un cambio de partido en el gobierno pero no de régimen político, toda vez que se mantienen las instituciones, la legislación y en muchos casos las prácticas del Estado autoritario, por lo que resulta necesario continuar con el proceso de democratización, que tiene como principal tarea la Reforma del Estado.

Las anteriores posiciones son todas ellas de relevancia, sin embargo no es el punto sobre el que pretendo reflexionar, quiero añadir otro elemento. Las anteriores posiciones se ubican todas ellas en el nivel normativo, creo que sería importante introducir un elemento de carácter sociológico. Con relativa independencia de la veracidad de cualquiera de las posiciones anteriores surge otra interrogante: ¿podrán los gobiernos surgidos de la alternancia avanzar hacia un régimen democrático sin dar respuesta a los serios problemas socieconómicos que erosionaron al sistema autoritario?. Creo que se podrá estar de acuerdo en que la pérdida del dinamismo del crecimiento económico del país, los costos sociales resultantes de las políticas de ajuste al mercado, de la concentración del ingreso y de la ampliación de la pobreza fueron factores de importancia que contribuyeron al desgaste político del partido anteriormente gobernante, ¿podrá sobrevivir la naciente democracia sin dar respuesta a estos conflictos?

Me parece que algunos responderían afirmativamente argumentando que la cultura política democrática sabe distinguir entre régimen y gobernantes y que por tanto las elecciones son el castigo a las ineficacias de los segundos sin tener por ello que cuestionar al régimen político, sostienen que para esta cultura política esta claro que: “la democracia soluciona la tiranía, no los demás problemas.” (Huntigton)

Para quienes respondan negativamente al cuestionamiento señalado argumentarán que para que una democracia sobreviva, para hacerla sustentable se requiere no sólo de derechos políticos, sino económicos y sociales, de condiciones básicas para el ejercicio de la ciudadanía, fundamento de la existencia de un régimen democrático y cuyo criterio de eficacia es: que los diferentes actores sociales estén dispuestos a dirimir sus intereses contrapuestos a través de los canales políticos institucionalizados (Prezeworski). Lo cual requiere de la creación de instituciones a través de las cuales se puedan manifestar las demandas, procesar los conflictos y tomar decisiones con un mayor margen de legitimidad. Aquí es donde encuentro la tarea básica de toda sociedad civil en sus diversos momentos históricos: instituir la vida pública: ampliar los derechos de ciudadanía e impulsar la creación de instituciones para procesar los intereses conflictivos.

La concreción de lo anterior me lleva a plantear otra interrogante: ¿cuáles son las condiciones que permitirán mantener el impulso innovador de los agentes de cambio hasta llegar a un reordenamiento institucional?

De otra manera, para la estabilidad de un nuevo régimen político la efectividad del sufragio será necesaria pero no suficiente, además de ello se requerirá de instituciones públicas en las que se pueda discutir sobre la orientación de la economía y del desarrollo social, toda vez que las viejas –pero aún vigentes- instituciones socioeconómicas fueron diseñadas más para controlar que para participar, como son un ejemplo claro las instituciones reguladoras de las relaciones laborales.

Me parece que en esta tensión transcurrirá la estructuración de un nuevo régimen político, entre aquellos que supondrán que basta con la habilitación formal del régimen, asegurando los mecanismos para el ejercicio del sufragio por un lado y, por otro, aquellos que supondrán que se requiere que las instituciones den respuesta a las expectativas de condiciones mínimas de vida digna para toda la población. La reducción a cada una de las posiciones será la ocasión del conflicto, la posibilidad de tener una democracia sustentable requerirá de la construcción de puentes entre ambas posiciones.

Este es a la vez el principal dilema que me parece atraviesa y tensiona el diseño de estrategias en las OC’S y que se convierte en la “piedra de toque” para su ubicación y posicionamiento en el actual proceso que experimenta la transición de la sociedad mexicana.

2.- En dónde se encuentran las OC’S?
No sólo el régimen político se encuentra en transición, las propias OC’S han experimentado acelerados cambios, hace un lustro pretendí hacer la caracterización de los principales movimientos ocurridos en la década del noventa respecto al 70 , ahora en el nuevo siglo una nueva caracterización sería necesaria, a partir de constatar algunos desplazamientos, no sin antes advertir que tampoco se les puede considerar a estas organizaciones como algo homogéneo, por lo contrario, presentan diferencias significativas en cuanto a referentes de su identidad, actividades que desarrollan, relación con la política y con grupos sociales, sobre ello regresaré más adelante, los desplazamientos que propongo los sugiero como tendencias generales, necesarias todas ellas, pero que tal vez una visión lineal de las mismas podría generar un trastocamiento en el cual los medios amenazan con convertirse en fines, no las considero como negativas ni positivas por sí mismas, sino como riesgos y oportunidades:

a) de la militancia al énfasis en lo profesional. Si bien el hallazgo de los noventa fue que las OC’S además de espacios de militancia podían ser espacios de profesionalización, el necesario énfasis en ello trajo como efecto adverso el desdibujamiento del sentido de la militancia, muchas veces impulsada la tendencia hacia la profesionalización por las propias agencias de cooperación o por los gobiernos que pretendían interactuar con las OC’S, paulatinamente la necesaria reflexión sobre lo profesional fue desplazando a la reflexión sobre el “proyecto” social y político que confería sentido a la práctica de quienes participan en las OC’S, lo que llevó al desplazamiento de la identidad militante por una identidad centrada más en la profesión, autorreferida; sin lugar a duda que una síntesis entre ambas concepciones es ahora necesario, por supuesto que no se sugiere renunciar a lo técnico ni a lo profesional, sería un contrasentido, el riesgo está más bien en la visión unilateral que por reconocer una ineficiencia termine desplazando a lo fundamental, no sólo en términos éticos sino también en términos de cálculo racional, toda vez que la ventaja comparativa de las OC’S es justamente el estar fundamentadas en un proyecto social y político. No está de más añadir que este no es un asunto privativo de países en proceso de cambio político, en lugares con añejas experiencias se presentan situaciones similares (Laville, Bloch-Lainé) Pero este desplazamiento en la identidad dio lugar a otro desplazamiento ...
b) De lo político a lo gerencial. Cada vez más lo político quedó como un supuesto de la acción y cada vez menos se reactualizó y adecuó a las nuevas situaciones, la reflexión política vino a ser sustituida por la también necesaria reflexión sobre lo institucional, aunque frecuentemente esta reflexión se circunscribió a la apropiación, en muchos casos acrítica, de las técnicas desarrolladas para la gerencia empresarial. No se trata por supuesto de un rechazo a todo aquello que contribuya a hacer más eficiente el desempeño de las OC’S, por lo contrario, el reto es valorar su dimensión institucional, pero sin olvidar que la base del capital social y simbólico que han logrado acumular, particularmente en las décadas de los ochenta y noventa en México, radica justamente en su capacidad de convocar y movilizar a lo no institucionalizado, no se trata de volver a la contradicción entre institución y movimiento sino de descubrir los puentes que se requieren entre ambos para modificar el ámbito público.
c) De la influencia en políticas a la búsqueda de recursos públicos. La puesta al día en los noventa de la vocación política de las OC’S se tradujo en la pretensión de influir en las políticas públicas, no sólo en su implementación, sino también en su diseño y evaluación, hace ya varios años un conjunto de organizaciones lo expresaba así: “Consideramos que debe de quedar atrás la idea y el hecho de que los sectores no gubernamentales sólo participen en la ejecución de las políticas públicas, dejando que el gobierno sea quien decida todo el proceso de las mismas. Creemos que las organizaciones civiles, por su experiencia y profesionalismo, tienen mucho que aportar en la agenda, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.” (Red de Redes). Sin embargo en algunos casos esta búsqueda se quedó a mitad de camino, conformándose con la obtención de recursos a cambio de los servicios profesionales, permaneciendo las OC’S como meras ejecutoras de los programas y proyectos gubernamentales, generándose tendencialmente una sustitución del afán de influir en las decisiones por el de buscar espacios en los presupuestos. En esta medida se generó otro desplazamiento.
d) De la transformación social al impacto social. De una u otra forma la acción de las OC’S ha estado orientada hacia lo popular, sea en términos de solidaridad o de “acumulación de fuerzas”, su conversión en organismos ejecutores propició la sustitución del referente pueblo, y de su consecuencia política, al de grupo meta como destinatario de una acción especializada. No se trata entonces de la transformación del orden social (cualquiera que fuera el sentido que esto tenía aún en los noventa) se trata de generar determinadas transformaciones, previstas y controladas, sobre un grupo social específico definido técnica y no políticamente. Podríamos decir en síntesis.
e) Del énfasis técnico al desdibujamiento del proyecto. Si el gran avance de los noventa con respecto de la identidad de las OC’S fue el salto de la explicitación ética a la construcción de sus mediaciones técnicas, esta búsqueda acabó por subsumir el proyecto quedando como una sola referencia identitaria sin consecuencias estratégicas.

Desde luego que esta es una rápida caracterización que de ninguna manera generalizo, sólo trato si cabe la expresión, de describir riesgos, me sirve para exagerar la fisonomía de lo que hoy está siendo el transito de las OC’S y que se convierten en verdaderos desafíos para su intervención en la esfera pública en la que se exprese una Sociedad Civil instituyente. Veamos finalmente qué es lo que podría resultar de combinar la reflexión sobre el proceso de transición del régimen político por un lado y de las OC’S por otro.

3.- Cuáles son las posibles estrategias de las OC’S?
Creo que hay tres distintas posiciones en las respuestas que se puedan dar a esta interrogantes:

Posición I. Una vez alcanzada la transición política –lo que para esta posición sería inegable- a las OC’S les toca ocuparse, de manera profesional, de los temas del ámbito público que les son propios -toda vez que supletoriamente se ocuparon de asuntos de corte político- la atención a los grupos desfavorecidos (discapacitados, 3ª edad, minorías étnicas), iniciativas locales, procesos participativos de micronivel, en fin, todos aquellos asuntos que Guiddens llamó “la política pequeña”, que suelen identificarse con conceptos tales como filantropía, voluntariado, asistencia y diferenciarse de aquellas otras decisiones que tienen que ver con asuntos de mayor importancia, reservados a gobierno, partidos y grandes organizaciones sociales. Se trata entonces de definir su identidad en un ámbito distinto del político, ocupándose de manera profesionalizada de temas específicos dirigidos hacia una población acotada que no puede alcanzar sus satisfactores por sí misma.

Posición II. Una vez alcanzada la alternancia las OC’s pueden influir directamente sobre el gobierno. Esta segunda posición parte del supuesto de que las OC’S se encuentran ahora mejor posicionadas políticamente y en condiciones para influir en la vida pública del país toda vez que sus esfuerzos en la construcción de la democracia tuvieron, entre otros resultados, la ubicación de algunos de sus miembros en el aparato gubernamental. Fenómeno que no es nuevo en México, en el pasado gobierno del DF, con Cárdenas, así como en algunos gobiernos locales, diversos miembros de OC’S fueron invitados a incorporarse al funcionariado, ahora se extiende al orden federal de gobierno. Tampoco es un fenómeno nuevo en América Latina, las experiencias chilena y dominicana, son bastante ilustrativas para nuestro país. En esos casos ocurrió que los dirigentes de OC’S se incorporaron al gobierno, con lo que tuvieron la capacidad de llevar las experiencias que habían obtenido en el ámbito civil, pero no les fue posible transformar las prácticas del aparato gubernamental; la contrapartida fue una disminución de la capacidad organizativa de las OC’S, junto con la disminución al apoyo de las demandas sociales, bajo el argumento que deberían ser pospuestas hasta la consolidación de la retornante democracia y, finalmente, la subordinación a los programas y políticas diseñados gubernamentalmente, a los cuales las OC’S fueron adaptándose hasta ser identificadas en los ámbitos gubernamentales como organismos técnicos ejecutores.

Posición III. Parte del supuesto que a las OC’S les corresponde ser contrapeso del poder institucionalizado, impulsoras de la innovación social y política y promotoras de la ampliación de los derechos ciudadanos, en función de lo cual pretenden influir en las políticas públicas, para ello se requieren dos destrezas básicas: la capacidad de argumentación y de movilización social en torno de demandas generalizables, lo que requiere a su vez de contar con una estrategia propia, con una capacidad de alianza con diversos sectores y con un discurso específico de cara a las demandas sociales, esto es: la actuación simultánea en el campo de la comunicación y de la estrategia.

Pasemos ahora a analizar cuáles son las condiciones que estarían a la base de la factibilidad de estas alternativas, lo que supone que el resultado que se obtenga no será sólo producto de la voluntad de los actores participantes, sino de la combinación compleja de diversos factores, algunos de los principales son: a) La relación de las OC’s con los gobiernos; b) La relación con las organizaciones sociales; c) La relación con la cooperación internacional. Por razones de acotamiento temático me referiré con mayor amplitud a la primera relación, advirtiendo que es necesaria pero no suficiente para comprender los alcances de las estrategias de las OC’s.

Propondré ahora un intento de lectura sintética del contexto en el cual se desempeñan estos actores para enseguida vincularlo a las posibilidades que tendría cada una de estas tres posiciones.

3.1.- El Contexto
No estaba errado Vargas Llosa cuando calificó al régimen mexicano como una “dictadura perfecta”. La longevidad de este régimen político –que no acaba de morir ni de transformarse- se debe tal vez a algunas peculiaridades que lo diferencian de otros autoritarismos:
- El haberse sustentado sobre un crecimiento económico sostenido hasta 1982, interrumpido por las políticas de ajuste entre 1983 – 1988, pero retomado artificialmente por la venta de los activos paraestatales entre 89 y 93. El resultado fue que el partido en el poder no pudo sobrevivir al retorno del estancamiento en el período 1994 – 2000, lo que nos fuerza a preguntarnos ¿podrá el nuevo gobierno afianzarse sin recuperar el crecimiento de la economía?.
- El mantenerse sobre una coalición de intereses que agrupó corporativamente a las direcciones de las principales organizaciones de los diversos sectores sociales, coalición que se fue desgastando por el costo político de las estrategias de ajuste económico y que al parecer se fracturó con la derrota electoral del PRI. No parece claro que el nuevo gobierno sea capaz de recomponerla ni de reemplazarla por una eficiente democracia de ciudadanos, la cultura política de ningún país cambia tan rápidamente, máxime cuando el partido del ancien regime tiene la posibilidad de retomar la ofensiva y convertirse en una opción real de gobierno en el 2006.
- Crecimiento económico, coalición de intereses diversos, dieron lugar a un autoritarismo que en su caída electoral no deja tras de sí una cauda de resentimiento social. El 2 de julio no fue el equivalente del atentado a Carrero Blanco (que fue la señal del inicio de la inminente caída del franquismo), ni de la noche del triunfo del “No” en el referéndum chileno que inició el fin de la dictadura militar. El 2 de julio en México fue la celebración de un segmento de la población que, ante la escacez de canales de ascenso político fuera del PRI, cifraba sus expectativas en la “derrota del partido de Estado”.

De lo anterior podemos extraer dos consecuencias: una, que el desmontaje y sustitución del “antiguo régimen” aparecen no sólo como un proceso que tendrá particulares dificultades, incluida la tentación de los innovadores de utilizar en vez de sustituir la sofisticada maquinaria construida a lo largo de décadas, otra, que si las OC’s no tienen en cuenta que las posibilidades de cada actor de la sociedad están condicionadas por el régimen político en el que se desempeñan, pueden terminar en una marginalidad aún mayor de la que iniciaron. Trataré de analizar como se han dado las transformaciones de esta relación.

3.2.- La Trayectoria de la Relación Gobierno – OC’s
Al inicio, en las décadas de desconfianza mutua entre gobierno y OC’s –y también de mayor solidez del régimen- estas eran vistas como desestabilizadoras o como instrumentos de agentes internacionales. El crecimiento de la crítica social al régimen político, en lo que las OC’s tuvieron un papel importante, las fue convirtiendo de interlocutoras de la sociedad a interlocutoras del gobierno; un breve repaso de la historia reciente de esta interlocución ayudará a plantear los dilemas que actualmente presenta:
• A inicios del 95, como producto de la pretensión de algunas redes de OC’s de influir en las políticas públicas se conformó la Red de Redes, que elaboró una propuesta de cara a la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (cuyos planteamientos más generales fueron incluidos) y que generó algunos espacios de diálogo con funcionarios y con aspirantes de diversos partidos a puestos de representación política.
• A mediados del mismo año se conformó el Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas, producto del acercamiento entre las redes de OC’s y militantes que de una u otra manera habían sido desplazados de sus partidos políticos. Este Encuentro se debatió permanentemente entre la construcción de una articulación civil amplia por un lado y la construcción de canales de ascenso político por fuera de los partidos por otro, terminó cuando ambas posiciones se reconocieron como incompatibles.
• La Plataforma de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México (1997 – 2000). Que tal vez por ser una experiencia local logró mayores niveles de concretización en las relaciones con el Gobierno del Distrito Federal, generando mecanismos institucionalizados de relación que fueron producto de una discusión pública en un Foro de Corresponsabilidad; este proceso permitió entre otros avances que las OC’s participaran de la elaboración de dos leyes para el DF (La de Fomento a las OC’s y la de Desarrollo Social).
• Poder Ciudadano. En torno del proceso electoral del 2000 un conjunto de dirigentes de OC’s impulsaron la creación de un encuentro amplio entre OC’s que elaboró un conjunto de demandas denominado “Agenda de la Sociedad Civil”, comprometiendo con su firma a los entonces candidatos a la presidencia de la República. Este proceso se vio interrumpido con la incorporación de la mayoría de sus dirigentes como funcionarios de los gobiernos federal y de la Ciudad de México.

Este breve recuento me permite plantear lo que considero el principal dilema de las OC’s en la actual transición, como vemos la relación con el gobierno va del enfrentamiento a la incorporación de algunos de sus dirigentes como funcionarios, del diálogo a la institucionalización de sus mecanismos de relación, en síntesis el dilema para la orientación de la actuación política de las OC’s parece estar planteado entre convertirse predominantemente en canales de ascenso político o instrumentos para instituir nuevas formas de relación entre el gobierno y la sociedad.

3.3 Las Tendencias Actuales
A continuación intentaré un breve análisis de las tendencias que se pueden presentar en cada uno de estos interlocutores fundamentales. En el momento actual los gobiernos surgidos de procesos de alternancia (sean federales o locales), requieren desarrollar los sustitutos de los mecanismos de intermediación con la sociedad que a lo largo de siete décadas consolidó el partido anteriormente gobernante, por ello abren sus puertas y sus escritorios a algunos dirigentes de OC’s, los que si bien están por sus capacidades no pueden perder de vista que ocupan esas posiciones en tanto que se los partidos gobernantes les asignan un papel de “representantes” del capital simbólico acumulado por las OC’s, el que es juzgado como necesario para la implementación de los programas de desarrollo social, género, medio ambiente, entre otros.

Por su parte las OC’s si quieren jugar en la política pero con una estrategia propia, tendrán que desarrollar mayores capacidades de negociación y ello pasa, teniendo en cuenta las experiencias en diversos procesos, por la relación que logren desarrollar con las organizaciones sociales . Estas relaciones han existido desde la década de los sesenta, sin embargo han estado acotadas a espacios locales y a temas segmentados de las demandas sociales, esto no tanto por la falta de visión de unas y otras (organizaciones sociales y organizaciones civiles), sino como consecuencia del régimen político prevaleciente. No ha habido en el México contemporáneo espacio para sólidas organizaciones sociales de oposición, ésta se daba sólo en los márgenes del sistema monopolizado por las fuertes organizaciones corporativas.

La escasa tradición de movilización social propició que los vínculos entre organizaciones civiles y movimientos sociales amplios fueran poco significativos en un período que va de los sesenta a parte de los ochenta. Sin embargo, como muchas otras cosas, esto fue cambiando en la política mexicana en las décadas de los ochenta y noventa. Los sismos del 85 fueron ocasión para un nuevo acercamiento, no exento de contradicciones, entre OC’s y movimientos urbano – populares. En 1994, con ocasión del levantamiento zapatista, la primera voz de alto al uso de la fuerza y de llamado al diálogo vino de las OC’s. Asimismo en estas décadas la promoción de alternativas productivas desarrolló vínculos entre OC’s y movimientos sociales. No sería imposible que en el futuro próximo la combinación de debilitamiento de las organizaciones corporativas, el descontento social ante la falta de cumplimiento de las expectativas generadas con el cambio de gobierno y la persistencia de los problemas socioeconómicos, conduzcan a formas de movilización y acción social en las que las OC’s sean llamadas a jugar un papel de carácter más técnico que dé lugar a la reformulación de sus vínculos con las organizaciones sociales y que por esta vía les permita un nuevo posicionamiento ante la opinión pública y el gobierno.

Difícilmente podrían pensarse que la sola relación con el gobierno a través de la incorporación de algunos dirigentes de OC’s podría dar lugar al reposicionamiento político de las segundas, toda vez que si las OC’s no renuevan su capacidad de interpelación social –agotada ya la capacidad movilizadora de la demanda de alternancia y de fin del “partido de Estado”- difícilmente podrían en el futuro generar los rendimientos políticos esperados, sobre todo el de mantener el impulso innovador que lleve al rediseño del régimen político. Como ejemplo se podría citar el estudio de Alianza Cívica hecho por uno de sus propios dirigentes que señala:
“El caso de Alianza Cívica demuestra así los alcances y limitaciones de los movimientos prodemocráticos. En coyunturas decisivas de la transición democrática son muy importantes para impulsar elementos definitorios tales como elecciones fundacionales... Sin embargo por sí mismos carecen de poder suficiente para obligar al sistema político a cambiar y su capacidad de propuesta en términos legales e institucionales es moderada.” (Olvera: 57)

Con los antecedentes anteriores retomaré las tres posiciones señaladas al inicio para sugerir algunos elementos de ponderación de sus posibilidades, para no tener que repetir le pido al amable lector repasar lo señalado al inicio del presente apartado 3 de este trabajo.
Posición I.- Para algunos la posibilidad de definir la identidad de las OC’s en un ámbito distinto del político es una posición razonable, para otros conduce a la despolitización de las OC’S y a la renuncia a alcanzar otro tipo de demandas, como la influencia en las decisiones públicas en aquellos temas que les conciernen por estar directamente involucrados, lo que contemporáneamente se denomina “democracia sectorial”. Las acciones hasta ahora anunciadas por el gobierno federal en relación a las OC’S parecen dirigirse en el sentido de esta primera posición, mucho más cercana al modelo anglosajón, identificable con el concepto de Tercer Sector. Podría decirse que este sector de organizaciones, más que asumir una estrategia política, son concientes del peso económico y hasta político que les dan sus vínculos con las élites, las que de alguna manera están presentes en las actividades de estas organizaciones, sea en sus consejos directivos, como proveedores o procuradores de recursos, o en el trabajo voluntario en la prestación directa de servicios (Salamon y Anheir, 1997), a partir de ello sus aspiraciones en relación a lo gubernamental irían más bien en cuanto a la apertura de oportunidades, vía la canalización del presupuesto hacia ciertas áreas de interés compartido, de obtención de contratos o consultorías con el gobierno. Podemos decir que en las actuales condiciones estas se encuentran potencialmente posicionadas. Si bien para desarrollar sus potencialidades tendrán que superar tres restricciones al menos: i) el desarrollo de sus capacidades técnicas, inhibidas por un cierto ensimismamiento de estas organizaciones y su escaso diálogo con otros actores (academia, organizaciones sociales); ii) mecanismos eficaces de financiamiento, no obstante su cercanía con las élites, la ausencia de una cultura de la donación entre la empresa establecida en México (no sólo la nacional) hacen necesario revisar este asunto.

Posición II.- El proceso de acumulación de fuerzas civiles que llevó a algunos de sus dirigentes a incorporarse a los distintos órdenes de gobierno difícilmente podrá reeditarse en el futuro previsible, toda vez que, como había señalado anteriormente, parece tener la función de constituir a estos dirigentes como “representantes” del capital simbólico acumulado por las OC’s, capital que seguramente comparte ya el agotamiento del discurso centrado en la alternancia política. No pretendo derivar de estas observaciones una oposición necesaria entre fortaleza de las OC’S y participación en el gobierno de personas salidas de sus filas, mucho menos la descalificación e inculpación quienes han decidido continuar su actuación política en el ámbito gubernamental (lo que más bien demuestra que las OC’S pueden funcionar como canal de movilidad política), ni desconocer que estas presencias abren oportunidades de colaboración. Sí pretendo abordar los desafíos que esta situación plantea, lo que pueden ir desde: a) el desarrollo de relaciones clientelares (intercambio de prebendas por fidelidad) entre algunas OC’S y algunos funcionarios salidos de sus filas; o, b) asumir una visión que ubique la eficacia en la influencia sobre las políticas públicas sólo en las decisiones de los funcionarios, sin tener en cuenta las restricciones que enfrentarán de las que tal vez la principal sea la falta de adscripción a una corriente político – burocrática, del apoyo de un partido político significativo o de grupos de interés poderosos, la apuesta a esta opción podría conducir al retraso en el desarrollo de estrategias propias de influencia; hasta c) el desdibujamiento de su identidad como Sociedad Civil y su semejanza a entes parapartidarios, ya desafortunadamente prefigurada en la intención política expresada en la creación de la figura de APN y afortunadamente superada por el tiempo. Me parece que de no tener en cuenta estos riesgos es muy probable que un sector de las OC’S pudiera quedar atrapada entre los despliegues de fuerza de los actores partidario – gubernamentales al intentar forzar representaciones “únicas” de las OC’s, como está ocurriendo con el autodenominado Consejo de la Sociedad Civil .

Posición III.- Como contrapeso del poder las OC’S requieren mantener su autonomía y su capacidad crítica, las que les han permitido jugar un papel innovador, mantener y acrecentar su capital político y simbólico. La ampliación de los derechos ciudadanos reclama una continua presión sobre las instituciones a la vez que una sólida estrategia para poder influir sobre espacios y agentes públicos. La influencia sobre políticas requiere tener claro que no basta con tener firmada una agenda de temas, sino que la discusión con gobierno y otros actores debe alcanzar también al diseño y a la ejecución de las políticas, para lo que la experiencia de las OC’S en desarrollo social a micronivel es un recurso valioso pero no inmediatamente generalizable al macronivel; así como tener suficientemente claro que las maquinarias de gobierno funcionan de manera muy distinta de las pequeñas organizaciones por lo que la colaboración entre ambas requiere de modificaciones en la forma de operar de las OC’S. La movilización está en función de las alianzas específicas que logren hacer con diversos movimientos sociales, tema que en los últimos años se ha venido posponiendo.

Como se ve esta tercera posición es la que mayores desafíos enfrenta, entre ellos vencer la seducción, sin romper sino aprovechando las ventajas de las posiciones I y II. Este tendría que ser el debate inmediato entre las OC’S si es que aspiran a tener un papel de importancia en la estructuración de un nuevo régimen en el que la ampliación de los derechos ciudadanos y con ellos de la equidad social sean los objetivos que trasciendan a una visión política autoreferida y se pregunten por los contenidos de las decisiones. Creo que un planteamiento en esta perspectiva tendría que incorporar algunos temas a su agenda de discusión tales como:
i. la participación en la política social. Cómo y en qué espacios deliberar sobre las modificaciones posibles; cómo incluir criterios de orientación que vayan más allá de la sola incorporación de las OC’S como ejecutoras de proyectos;
ii. la descentralización de las atribuciones gubernamentales. Cómo contribuir a la democratización de este proceso de tal suerte que los instrumentos de participación ciudadana (planeación participativa, exigencia de cuentas, iniciativa social...) sean contrapeso real a las oligarquías locales y a las relaciones clientelares gobiernos estaduales – municipios, así como a la disminución de responsabilidades de la federación.
iii. La incorporación de la pluralidad cultural y étnica en la exigencia de derechos de ciudadanía que, más allá de las expresiones de la intelectualidad proclive al zapatismo, es un punto crucial en la vigencia del Estado de Derecho en las distintas regiones del Páis.
iv. La incorporación de las reivindicaciones feministas en la legislación, previsiblemente éste es el último punto conflictivo por el que tendrá que culminar la secularización del país y que tiene múltiples vertientes en lo económico y social.
v. La solidaridad internacional con respecto de la observancia de los derechos humanos, en sus dos dimensiones pactadas internacionalmente: civiles y políticos y, económicos, sociales y culturales, de tal suerte que se generen consensos sobre el necesario equilibrio entre Soberanía y vigencia del Estado de Derecho.

Habrá que tener en cuenta que los diversos asuntos que aquí se señalan se ubican en el ámbito de la deliberación y acción de grupos organizados, pero cuya implantación en las prácticas sociales reclama, además de claridad en lo anterior, de transformaciones profundas en la cultura política de la sociedad para la cual la alternancia es una ocasión, de ninguna manera una condición suficiente.

4.- A Manera de Conclusión
Los desafíos señalados seguramente que atraviesan a las tres posiciones, creo que la capacidad de mantener el impulso innovador en la política pasarán necesariamente por la respuesta que se les dé. Me parece que estos aspectos en los que previsiblemente discurrirá la innovación social y política reclaman un diseño de nuevas estrategias que seguramente tendrán que ubicarse en medio del Grameen Bank y ATTAC y que serán parte de la nueva cultura política del país, aunque de ninguna manera esto ocurrirá necesariamente, es más, los anteriores procesos de transición hacen abrigar más dudas que esperanzas sobre el futuro de los actores civiles, lo cual hace por lo menos un desafío por demás apasionante, tanto su estudio como su acompañamiento.


México, DF, noviembre de 2001

 



BIBLIGRAFIA CITADA
ARATO, A. “Emergencia, declive y reconstrucción del concepto de sociedad civil. Pautas para análisis futuros.” Rev. Isegoría, No. 13, 1996. Madrid.

BLOCH – LAINÉ, F. “Cinq paradoxes vivifiants vivifiables”, en mismo autor: Faire Société. Les associations au coeur du social. Syros, París, 1999.

CANTO, M. La discusión sobre la participación de las organizaciones civiles en las políticas públicas. en REMISOC: De lo Cívico a lo Público. Ed. CAM, México, 1998.

GUIDDENS, A. La Tercera Vía. Taurus, Madrid, 1999.

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OLVERA, A. Movimientos Sociales Prodemocráticos, Democratización y Esfera Pública en México: el caso de Alianza Cívica. Universidad Veracruzana, México, 2001.

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